América del Sur frente a los tratados bilaterales de inversión: ¿hacia un retorno del Estado en la solución de controversias?

Esta investigación busca aportar al conocimiento de los modelos y debates en torno al papel del Estado en los sistemas de solución de controversias inversor-Estado, previstos en los tratados bilaterales de inversión (TBI) vigentes en los Estados Sudamericanos. Como punto de partida se toma el estudio teórico de la soberanía estatal, esto es, el atributo jurídico que los Estados independientes se conceden y se reconocen recíprocamente y en forma excluyente de cualquier otro tipo de organización. En el ámbito externo, los Estados que se reconocen como soberanos, requieren normas que regulen sus relaciones recíprocas y preserven su soberanía. Surge así la necesidad de un sistema jurídico de coordinación como el Derecho Internacional Público. Sin embargo, la evolución y trascendencia de ciertos temas, han comenzado a cuestionar el carácter inquebrantable de la soberanía estatal. Tal es el caso de los mecanismos de solución de diferencias previstos por TBI, que remiten a un sistema arbitral en el cual los inversores extranjeros tienen locus standi para demandar a los Estados, sin necesidad de agotar previamente los recursos internos en el Estado demandado. En cuanto al contenido de los TBI, suelen incluirse disposiciones que, entre otros aspectos, regulan los mecanismos de solución de controversias Estado-Estados e inversor-Estado. Los foros a los cuales se remite en el último caso, son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Corte Internacional de Arbitraje de Londres, u instancias de arbitraje ad-hoc. Como primer objetivo de investigación se propone la sistematización y categorización de los TBI de acuerdo a los sistemas de solución de diferencias inversor-Estado previstos. En segundo lugar se procura examinar las posiciones y cuestionamientos en torno a estos sistemas de solución de controversias existentes en la doctrina, sociedad civil y Gobiernos Sudamericanos. En este último punto, se pueden visualizar tres posiciones: 1) no ratificar TBI (ejemplo: Brasil); 2) denunciar los TBI vigentes y proponer foros de solución de controversias alternativos con una mayor presencia estatal (ejemplo: Bolivia, Ecuador y Venezuela y la propuesta de creación del Centro de Mediación y Arbitraje en materia de inversión en el marco de la UNASUR); 3) mantener los TBI vigentes y permanecer en los foros de solución de controversias actuales (resto de los Estados sudamericanos). En esta línea, la investigación también tiene como objetivo determinar el fundamento jurídico, político, contextual o ideológico de cada visión y profundizar en los motivos que llevaron a que las mismas se manifiesten en la actualidad. Asimismo, se busca complementar con el estudio de casos concretos de controversias que hayan marcado tendencia y ayuden a explicar dichas posiciones. Por último se plantea analizar especialmente las perspectivas para Uruguay, dado que actualmente enfrenta la demanda de la empresa Philip Morris ante el CIADI.