La vejez institucionalizada

Son diversos los elementos a ser considerados como parte del proceso que deriva en la institucionalización de la vejez en Uruguay como alternativa de cuidado. Los cambios en la pirámide poblacional son un primer aspecto a mencionar. El aumento en la esperanza de vida en Uruguay pasó de 66 años en 1955 a 76 años en 2010. “La población de 65 o más años pasó de representar el 7,6% del total en el censo de 1963 al 14,1% en el Censo 2011” (INE, 2011). Actualmente el 19% de la población tiene 60 o más años ubicando al Uruguay como el país más envejecido del continente. Paralelamente, la tasa de fecundidad en el 2012 fue de 1,87 infantes nacidos por mujer, no alcanzándose así la tasa de reemplazo poblacional. Contribuye a esta situación demográfica, un saldo migratorio negativo sostenido en décadas anteriores, con una corriente emigratoria compuesta mayoritariamente de población en edad reproductiva. Otro aspecto a considerar es la prevalencia de la pérdida de autonomía en la población mayor de 65 años. El 46.7 % tienen algún grado de discapacidad (incluida la leve) y el 16.5 % (INE, 2011) presenta discapacidad moderada o severa por lo que requiere apoyo para las actividades cotidianas. Un tercer elemento refiere a los cambios ocurridos en los modelos familiares. Las nuevas estructuras familiares presentan mayores dificultades para afrontar la potencial pérdida de capacidades en la vejez: el 23 % de los hogares uruguayos son unipersonales (censo 2011), la tasa promedio anual de actividad femenina alcanzó el 70 % entre los 25 y 59 años (Cabella, 2007) y la participación de los adultos mayores en arreglos familiares extendidos bajó del 36 % en 1975 al 22 % en el 2008 (Brunet y Nathan, 2010:5). La perspectiva indica que en el año 2025 un 40% de las personas viejas no contarán con apoyo familiar en situaciones de dependencia. Esta “crisis de cuidado” ha encontrado respuesta en el mercado a través de las “residencias de ancianos” (actualmente el 95 % dentro del sector privado). El número de dichas instituciones aumentaron en el interior del país pasando de 19 (1973) a 447 (INE, 2011) sobre un total de 843 en todo el país. Por otra parte estos datos sólo hacen referencia a las residencias registradas. Las autoridades estiman que funciona igual cantidad en forma clandestina debido a que no cumplen con las condiciones requeridas para su reglamentación. La suma de factores: prevalencia de discapacidad, lógica de mercado, insuficiente regulación estatal, distanciamiento familiar, coadyuvan para que los residenciales pudieran tomar características de “institución total” (Goffman,1961: 13). Se establece un funcionamiento reglado por una autoridad (médico-director), que regula en forma homogénea todos los aspectos de la vida cotidiana, estableciendo barreras con el mundo exterior que aíslan al sujeto del entorno sin una perspectiva de rehabilitación. La situación deriva en la pérdida de roles familiares y sociales y la vulneración de derechos de primera generación.